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martes, 25 de marzo de 2014

CIDH pide explicaciones a RD sobre caso nacionalidad

ORGANISMO DE LA OEA PIDIÓ A DANILO MEDINA UNA RESPUESTA INMEDIATA

La CIDH criticó ayer que las medidas tomadas por la República Dominicana ante las denunciadas violaciones al derecho a la nacionalidad van “en una dirección distinta” de la que marca la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y pidió explicaciones al Gobierno de Danilo Medina.

En una audiencia pública de su 150 periodo de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió una respuesta “inmediata” del Estado dominicano a las observaciones que el organismo autónomo de la Organi zación de Estados Americanos (OEA) emitió tras su visita a República Dominicana el pasado diciembre.

En esas observaciones, la CIDH consideró que el problema en República Dominicana se ha “agravado” debido al fallo emitido el pasado septiembre por el Tribunal Constitucional, que niega a los hijos de extranjeros indocumentados esa condición y que la Comisión considera “discriminatorio”.

Uno de los siete miembros de la CIDH, Felipe González, lamentó que el Gobierno de Medina no haya respondido a dichas observaciones y que, en su exposición de hoy en la audiencia, la representante del Estado hiciera hincapié en que se está tratando de solucionar el problema mediante “un plan de regularización de extranjeros”.

“No se puede exigir que las personas con derecho a la nacionalidad (dominicana) se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento a sus derechos”, subrayó González.

“El estado está tomando una serie de medidas, pero van en una dirección distinta a la que ha señalado la Comisión Interamericana en sus observaciones preliminares y de lo que ha sido la jurisprudencia del sistema interamericano”, agregó.

En el mismo sentido, la comisionada Rosa María Ortiz reconoció que el Estado “está haciendo un gran esfuerzo en muchísimos sentidos pero no vemos que esos esfuerzos sean en la dirección correcta, en la dirección que marca el sistema interamericano” y en la que han dispuesto “comisiones de Naciones Unidas desde hace más de 10 años”.

viernes, 6 de diciembre de 2013

Juliana, la mujer que originó sentencia TC, acudió a CIDH a poner su denuncia

La joven Juliana Dequis Pierre, quien sometió un recurso de revisión de amparo, que tuvo como conclusión la emisión de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), acudió hoy a poner su denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por considerar que su situación migratoria no ha sido resuelta.


Deguis, contra quien falló el TC al establecer que “No son dominicanos los hijos de extranjeros en tránsito nacidos en el país”, se trasladó este día hasta el Club de los Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde volvió a reclamar la revisión del dictamen, que según la Constitución dominicana, es irrevocable.

Indicó que además de su caso, también están sus cuatro hijos, quienes al igual que ella, tienen problemas con sus documentos de identidad.


Fuente: Periódico "HOY" 
Por WENDY CARRASCO
lacarrasco20[@]gmail.com 

02 diciembre, 2013 2:02 pm

miércoles, 20 de noviembre de 2013

¿QUIENES SON DOMINICANAS Y DOMINICANOS SEGÚN NUESTRAS NORMAS JURÍDICAS?

1ro. De acuerdo a nuestra legislación constitucional hasta el año 2010, se consideran dominicanos a todos aquellos que gozaren de esta calidad “en virtud de constituciones y leyes anteriores”, es decir quienes la obtuvieron como dice su texto, en correspondencia con la ley.

2do. Los nacidos en el territorio de la República Dominicana con excepción de los hijos de extranjeros residentes en la República Dominicana que forman parte de la representación diplomática y quienes carezcan de un permiso de residencia legal.

3ro. Los hijos de padres dominicanos en el extranjero, en este caso condicionado a que a la edad de los 18 años puedan manifestar su voluntad ante la autoridad competente en caso de ser titular de otra nacionalidad.

4to. Los extranjeros que contraigan matrimonios con una dominicana o un dominicano, siempre que opten por la nacionalidad del cónyuge.

5to. Las personas naturalizadas.

La constitución, las leyes adjetivas, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional consideran a todos los irregulares como personas en tránsito en la República, por lo que la palabra tránsito es un concepto jurídico definido por la jurisprudencia y las leyes de la República Dominicana así como en otros países sus leyes han definido este tema a estos mismos fines y utilizan los términos transeúnte, domicilio, residencia etc.

¿EN CUALES CASOS SE APLICÓ ESA NORMATIVA DE ACCESO A LA NACIONALIDAD DE LOS HIJOS DE PADRES EXTRANJEROS?

De conformidad con esta legislación en nuestros actos registrales hemos considerado como aplicable a este mandato constitucional en las siguientes casuísticas:

a) Los nacidos de padres extranjeros portadores de cédula de identidad como residente legal, ambos casos.

b) Los hijos de un extranjero no documentado siempre que el otro padre o madre tenga su cédula de residencia legal al momento del nacimiento.

c) Quienes contraigan matrimonio con un dominicano o dominicana.

d) Los hijos de un dominicano cuando uno de los padres sea extranjero, esté documentado o no,

e) Los inscritos que prueben que al momento de su nacimiento uno de los padres poseía una cédula de identidad o residencia legal, independientemente de que figuren inscritos con fichas.

f) Los inscritos que a pesar de comprobarse que el declarante hizo uso de documentos falsos o datos viciados, al margen del hecho punible prueben que al momento del nacimiento del inscrito ya poseía su documento de residencia legal y aparece en el archivo como válida.

¿EN CUALES CASOS SE CONSIDERAN A LAS PERSONAS INSCRITAS IRREGULARMENTE EN EL REGISTRO CIVIL?

Se consideran como personas inscritas irregularmente ignorando la Constitución y las leyes 659 de 1944, 6125 del año 1962 y 285-04 del año 2005 a quienes no observaron las normas en los siguientes casos:

Los hijos de extranjeros inscritos sin documentos que determinen el status migratorio de los padres.

Los que obtuvieron los documentos con suplantación de identidad de la persona que realiza la declaración.

Las inscripciones realizadas con falsedad de datos sobre el dec1arado y el declarante, sus Padres biológicos.

Los inscritos con fichas u otros documentos no admitidos ni autorizados por la Ley.



Ver también el documento posterior...


Fuente: Junta Central Electoral

lunes, 18 de noviembre de 2013

JCE aplaza Pleno para conocer de errores comete Tribunal Constitucional

La Junta Central Electoral aplazó para el próximo miércoles la solicitud del conocimiento de errores materiales contenidos en la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional (TC), sometido por el doctor Eddy Olivares, miembro titular del organismo, ya que el fallo se sustentó en artículos de leyes derogadas.

En una comunicación de Olivares al presidente de la JCE, Roberto Rosario, señala que el TC cometió dos errores en la sentencia, ya que tomó como base artículos de leyes que habían sido derogadas, por tanto el Pleno debe conocerla y hacer sus recomendaciones al alto tribunal.

Olivares solicita al TC corregir de oficio el error por haber inobservado la modificación introducida al artículo 46 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil, mediante la Ley 1215 del 27 de junio de 1946 y utilizado incorrectamente el texto antiguo para motivar su fallo. También que corrija la inobservancia de la modificación introducida al artículo 1 de la Ley 6125 sobre Cédula de Identificación Personal, mediante la Ley 17 del 7 de diciembre de 1962 y utilizado incorrectamente el texto antiguo para motivar su fallo.

Por JUAN MARÍA RAM­ÍREZ
j.ramirez[@]hoy.com.do 
15 noviembre, 2013 2:00 am, Periodico HOY

domingo, 17 de noviembre de 2013

El Tribunal Constitucional Puso un Huevo Cuadrado

Las “Altas Cortes” y demás cuerpos colegiados del orden constitucional de la República, no dejan de sorprendernos con su capacidad para violar los principios más elementales de la justicia y la paz social dominicana.

La última decisión del Tribunal Constitucional invalida la nacionalidad de hijos de inmigrantes haitianos ilegales desde el 1929, calculándose en unos 250 mil las víctimas de ese “genocidio jurídico” que recuerda una expresión atribuida al francés Fouché, sobre la muerte de un enemigo de Napoleón Bonaparte: “más que un crimen fue un gran error político”.

El único antecedente dominicano de tal iniquidad es un decreto-ley del 1919 del gobierno militar norteamericano que en un país de mayoría mulata con muchos negros y menos blancos, prohibió “la inmigración de personas que no fueran de raza caucásica”, con lo que se detuvo la llegada de “cocolos” barloventinos, que trabajaban en la caña por buenos salarios, siendo sustituidos por haitianos traídos como “temporeros”, a quienes pagaban una miseria con grandes beneficios para las empresas norteamericanas. Esta situaciónbien puede culminar con una declaración de las Naciones Unidas de la población de origen haitiano como una “minoría nacional”, con todas sus consecuencias, comoexigir representación política y otras garantías ciudadanas, bajo supervisión internacional, como hicieron en Kosovo.

El genocidio cometido por Trujillo contra miles de haitianos en 1937 fue consecuencia de la visión racista de muchos dominicanos de élite, que por una de esas curiosidades de la política obligó a las empresas azucareras a emplear mano de obra dominicana en los ingenios, quienes no estaban acostumbrados a trabajar en condiciones infrahumanas, lo que contribuyó a las huelgas de 1943 y 1946, que puso en jaque a Trujillo. Esa decisión podría equipararse en el orden político al golpe de estado de la oligarquía contra el gobierno de Juan Bosch hace justo 50 años, que tanto daño causó al pueblo dominicano.

Los dos grandes problemas que trae la migración haitiana son las diferencias culturales y la competencia “desleal” de sus ciudadanos en el mercado de trabajo, pues les pagan menos y tienen escasa protección social para beneficio de los empleadores.

Como nuestro país y Haití tienen una población análoga de unos 10 millones de habitantes, la inmigración masiva de haitianos con una identidad social diferente, que apenas dominan el español, sin calificación profesional y ajenos a nuestra historia y costumbres, constituyen una fuente creciente de tensiones sociales de impredecibles consecuencias; que en el orden político pueden ser obstáculos para la convivencia entre ambos pueblos.

La Constitución del 2010 que excluye de la nacionalidad dominicana a los hijos de indocumentados sí tiene sentido, pero a partir de esa fecha, porque la decisión de la SCJ de 2005 tampoco tiene asidero jurídico en el orden internacional; pero si está acompañada de la eliminación de los guetos haitianos integrándolos a la población dominicana con la enseñanza de nuestra lengua e historia, a la vez que se impide que se establezcan los nuevos inmigrantes ilegales, obligando a los empleadores del campo y la ciudad, privados y del gobierno a que paguen multas elevadas cuando los emplean. Eso sí es posible.

Por TIRSO MEJÍA RICART, 
t.mejia[@]hoy.com.do 
Periodico HOY, 06 octubre, 2013 3:00 am

lunes, 11 de noviembre de 2013

Se desploma la campaña contra el TC

República Dominicana ha vivido los últimos 45 días uno de los debates públicos más trascendentales de su vida republicana, a raíz de la Sentencia No.168-13 del Tribunal Constitucional, que fijó nociones y conceptos cruciales acerca de la nacionalidad dominicana.

Tan pronto se dio a conocer el fallo inapelable del Tribunal Constitucional, éste fue víctima de la más agresiva campaña de descrédito que se haya hecho jamás en esta tierra contra un órgano del Estado Dominicano, al grado de irrespetar y cuestionar su propia autoridad institucional, convirtiendo la disensión de opiniones (legítima en una sociedad democrática) en una subversión abierta de irrespeto y desafío contra el órgano instituido por la Constitución para tener la última palabra en materia constitucional.

Los insultos a Milton Ray Guevara y a los Jueces del Constitucional y los calificativos de “racista”, “trujillista”, “xenófobo”, “nazi”, “genocidio civil”, surgieron con gran violencia verbal de quienes hoy, asustados, piden moderar el lenguaje, cuando el pueblo llano, reunido en multitud en el Altar de la Patria el pasado lunes, les voceaba “traidores”, evocando a Juan Pablo Duarte en su célebre frase de que “Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y nobles dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones”.

La campaña nacional e internacional que se montó contra la República y el TC descansaba en dos ejes fundamentales: El primero, que más de 640 mil personas serían afectadas directamente como hijos de padres y madres de haitianos ilegales nacidos en nuestro territorio, a los cuales supuestamente se les había otorgado ya la nacionalidad dominicana. Y el segundo, que la decisión del Tribunal Constitucional sería echada hacia atrás por las presiones de Estados Unidos, Europa y los organismos internacionales, por ser supuestamente violatoria de los derechos humanos, cercenando así de forma brutal la soberanía y la institucionalidad de República Dominicana encarnada en el Tribunal Constitucional.

El pasado jueves, los dos pilares sobre los que descansaba la campaña diabólica de descrédito contra nuestro país y el Tribunal Constitucional se derrumbaron estrepitosamente cuando: 1) La Junta Central Electoral dio a conocer el informe acerca del impacto de la sentencia sobre los hijos de padre y madre extranjeros ilegales en nuestro territorio que han sido declarados en el Registro Civil desde el año de 1929.

Apenas 24,392 de ciudadanos declarados por sus padres extranjeros ilegales en el país son los afectados directamente por la decisión del Tribunal Constitucional, que ordena la regularización de su estatus migratorio de éstos, sin descartar darle la nacionalidad dominicana a través del proceso de naturalización a los que prueben tener arraigo y tiempo necesario en la República Dominicana y hayan hecho su vida en nuestro territorio.

2) Las declaraciones de los representantes de la ONU y de Unión Europea, reconociendo la validez y el carácter irrevocable de la decisión del Tribunal Constitucional y que éste no puede ser mediatizado ni desconocido por ningún organismo internacional, hace rodar por el suelo la tesis traidora y antinacional que ansiaban los grupejos del patio y el gobierno haitiano, en el sentido de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la desacreditada OEA, podía anular la sentencia del Tribunal Constitucional.

Entendemos muy oportunas y saludables las declaraciones de los funcionarios de la ONU y de la Unión Europea respetando la soberanía de la República Dominicana y la fuerza ejecutoria e irrevocable de la sentencia del TC. Si en algo pueden ayudar la ONU y la Unión Europea en el proceso de regularización para los cientos de miles de haitianos ilegales que residen en nuestro país es acompañar el proceso para que Haití pueda documentar a sus ciudadanos residentes en nuestro territorio de forma ilegal.

El proceso de regularización de los inmigrantes haitianos ilegales pasa necesariamente, como paso previo, a que el Estado haitiano a través de sus Consulados cumpla con su deber ineludible de expedirles sus actas de nacimiento, con nombres y apellidos reales y con la determinación clara de quiénes son sus padres. No se le puede jamás pedir al Estado Dominicano en ese proceso de regularización, que dé documentos con nombres inventados y falsos. La autoridad nacional que se involucre en eso, sin una documentación previa de identidad del Estado haitiano, estaría cometiendo graves crímenes de falsedad en escritura pública y falsificación de identidades.

La Unión Europea, la ONU y la OEA pueden ayudar mucho al Estado fallido vecino en el proceso de la identidad civil de sus ciudadanos. Eso debemos exigirlo los dominicanos. A eso se debieran de dedicar los traidores del patio y sus Ong’s para ayudar a esos pobres seres humanos a tener una identidad real y que le permita una vida digna. Sólo hay que ver la página web de Participación Ciudadana para darse cuenta el río de dinero que dos o tres manejan anualmente, proveniente de Estados Unidos y Europa, con el objetivo de estar socavando como “caballo de troya” la nacionalidad dominicana. Dedicar ese dinero a la documentación real de esos ciudadanos haitianos y olvidarse de la falsificación de la nacionalidad dominicana, sería lo correcto para los que se han dedicado a traicionar a su propio país, si es verdad que le interesa el drama humano del inmigrante haitiano ilegal.

La campaña contra el Tribunal Constitucional y contra la República se ha derrumbado. Hay que ver dónde van a meter ahora las caras los traidores del patio. ¡Viva República Dominicana! ¡Vivan Juan Pablo Duarte y los Héroes Trinitarios!

Vinicio A. Castillo Semán, Puntos de vista, 11 Noviembre 2013, Listin Diario