Juliana Deguis, quien enfrenta el proceso judicial de desnacionalización, “no puede reclamar un pasaporte dominicano”, explicó a periodistas Susana Cuevas
SANTO DOMINGO -- El gobierno dominicano negó la entrega de pasaporte a una mujer que enfrenta la posibilidad de perder la nacionalidad de ese país debido a su ascendencia haitiana y que tiene previsto viajar a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para denunciar el caso.
Juliana Deguis, quien enfrenta el proceso judicial de desnacionalización, “no puede reclamar un pasaporte dominicano”, explicó a periodistas Susana Cuevas, encargada jurídica de la Dirección de Pasaportes y quien recibió la solicitud de la mujer.
Detalló que la entidad no puede emitir un pasaporte a Deguis porque la mujer, de 29 años, no cuenta con “la documentación que requiere”, como copia del acta de nacimiento certificada y cédula de identidad.
Deguis, nacida en 1984 en la provincia dominicana de Monte Plata, carece de la copia certificada de su acta de nacimiento porque la Junta Central Electoral (JCE), que administra el registro civil, se la retuvo desde hace varios años debido a que es hija de inmigrantes haitianos.
Los padres de Deguis llegaron a República Dominicana en la década de 1960 para trabajar en los cañaverales del gobierno dominicano en Monte Plata, de donde nunca regresaron a su país.
Por la falta del acta de nacimiento, Deguis no ha podido tramitar su cédula de identidad, indispensable para realizar cualquier trámite civil, como casarse, obtener un empleo o abrir una cuenta bancaria, y no ha podido registrar el nacimiento de ninguno de sus cuatro hijos.
Deguis insistió que su acta de nacimiento aún debe estar vigente, ya que el juicio abierto en su contra por el registro civil para anularla no ha concluido. Tampoco tiene cédula porque la Junta Central Electoral se la ha negado.
Además de que la junta retuvo sus documentos, el Tribunal Constitucional ordenó en septiembre pasado, en una sentencia inapelable, abrir un juicio para anular el acta de nacimiento de Deguis debido a que sus padres son inmigrantes sin permiso legal de residencia.
Cuando nació, Deguis fue registrada con el carné que acreditaba a su padre como empleado de un ingenio azucarero del estado y que, durante décadas, fue el documento que el registro civil aceptaba para certificar los nacimientos de hijos de los trabajadores cañeros.
El Tribunal Constitucional también ordenó abrir procesos judiciales para anular la nacionalidad de todos los hijos inmigrantes sin permiso de residencia nacidos en el país desde 1929.
En la manifestación participaron los miembros de la Cofradía del Espíritu Santo y del teatro cocolo danzante Los Guloyas, cuyos integrantes son descendientes de inmigrantes y cuyas tradiciones fueron declaradas por la Unesco como obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Avanzaban interpretando sus cantos y ritmos de tambores afrocaribeños.
“Nosotros no hemos tenido problemas con nuestros papeles, tenemos pasaportes y hemos viajado con apoyo del ministerio de Cultura”, dijo a The Associated Press James Clark, miembro de Los Guloyas e hijo de inmigrantes de San Cristóbal y Nieves que llegaron en el siglo pasado a trabajar en los ingenios cañeros del este de República Dominicana.
A diferencia de los miles de descendientes de haitianos, el registro civil en pocas ocasiones ha retenido los documentos de los hijos de los cocolos, como son conocidos los inmigrantes de las islas de habla inglesa, pese a que muchos de sus padres no contaban con permiso de residencia.
Organismos como Amnistía Internacional y las Naciones Unidas estiman, con base en una encuesta del ministerio de Economía, que cerca de 250,000 personas corren el riesgo de perder la nacionalidad, entre ellos unos 210,000 descendientes de haitianos.
Stanley considera que el número podría llegar a 500,000, dado que miles de personas nacidas en los bateyes, como son llamados los pueblos dentro de los cañaverales, nunca fueron registradas.
La junta electoral insiste que sólo unas 24.000 personas serán afectadas por la decisión del Tribunal Constitucional, entre ellas unos 13.000 descendientes de inmigrantes del vecino Haití.
Pese a carecer de pasaporte, Deguis recibió esta semana visa de Estados Unidos impresa en una hoja de papel para que pueda viajar a la Comisión Interamericana a rendir su testimonio, informó su abogado, Genero Rincón.
La comisión, que en diciembre visitó República Dominicana y recibió cerca de 4,000 denuncias de descendientes de haitianos a quienes las autoridades les retienen sus documentos de identidad, celebrará el 24 de marzo en Washington una audiencia sobre el derecho a la nacionalidad en el país caribeño.
Roberto Rosario, presidente de la junta electoral dominicana, informó en una carta enviada a la Cancillería que esa institución no enviaría a ningún representante a la audiencia de la Comisión en Washington por considerar que el organismo internacional ya “fijó una posición contaminada, con un alto nivel de prejuicio”.
Joseph Cherubin, director de la organización que representa a Deguis, lamentó que aunque ella cuente con visa para entrar a Estados Unidos, la falta de pasaporte pueda representar un obstáculo para que viaje a rendir su testimonio o que los agentes de migración dominicanos le impidan reingresar a República Dominicana.
“Juliana se puede quedar en el aire”, consideró Cherubin.
