lunes, 11 de noviembre de 2013

Se desploma la campaña contra el TC

República Dominicana ha vivido los últimos 45 días uno de los debates públicos más trascendentales de su vida republicana, a raíz de la Sentencia No.168-13 del Tribunal Constitucional, que fijó nociones y conceptos cruciales acerca de la nacionalidad dominicana.

Tan pronto se dio a conocer el fallo inapelable del Tribunal Constitucional, éste fue víctima de la más agresiva campaña de descrédito que se haya hecho jamás en esta tierra contra un órgano del Estado Dominicano, al grado de irrespetar y cuestionar su propia autoridad institucional, convirtiendo la disensión de opiniones (legítima en una sociedad democrática) en una subversión abierta de irrespeto y desafío contra el órgano instituido por la Constitución para tener la última palabra en materia constitucional.

Los insultos a Milton Ray Guevara y a los Jueces del Constitucional y los calificativos de “racista”, “trujillista”, “xenófobo”, “nazi”, “genocidio civil”, surgieron con gran violencia verbal de quienes hoy, asustados, piden moderar el lenguaje, cuando el pueblo llano, reunido en multitud en el Altar de la Patria el pasado lunes, les voceaba “traidores”, evocando a Juan Pablo Duarte en su célebre frase de que “Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y nobles dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones”.

La campaña nacional e internacional que se montó contra la República y el TC descansaba en dos ejes fundamentales: El primero, que más de 640 mil personas serían afectadas directamente como hijos de padres y madres de haitianos ilegales nacidos en nuestro territorio, a los cuales supuestamente se les había otorgado ya la nacionalidad dominicana. Y el segundo, que la decisión del Tribunal Constitucional sería echada hacia atrás por las presiones de Estados Unidos, Europa y los organismos internacionales, por ser supuestamente violatoria de los derechos humanos, cercenando así de forma brutal la soberanía y la institucionalidad de República Dominicana encarnada en el Tribunal Constitucional.

El pasado jueves, los dos pilares sobre los que descansaba la campaña diabólica de descrédito contra nuestro país y el Tribunal Constitucional se derrumbaron estrepitosamente cuando: 1) La Junta Central Electoral dio a conocer el informe acerca del impacto de la sentencia sobre los hijos de padre y madre extranjeros ilegales en nuestro territorio que han sido declarados en el Registro Civil desde el año de 1929.

Apenas 24,392 de ciudadanos declarados por sus padres extranjeros ilegales en el país son los afectados directamente por la decisión del Tribunal Constitucional, que ordena la regularización de su estatus migratorio de éstos, sin descartar darle la nacionalidad dominicana a través del proceso de naturalización a los que prueben tener arraigo y tiempo necesario en la República Dominicana y hayan hecho su vida en nuestro territorio.

2) Las declaraciones de los representantes de la ONU y de Unión Europea, reconociendo la validez y el carácter irrevocable de la decisión del Tribunal Constitucional y que éste no puede ser mediatizado ni desconocido por ningún organismo internacional, hace rodar por el suelo la tesis traidora y antinacional que ansiaban los grupejos del patio y el gobierno haitiano, en el sentido de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la desacreditada OEA, podía anular la sentencia del Tribunal Constitucional.

Entendemos muy oportunas y saludables las declaraciones de los funcionarios de la ONU y de la Unión Europea respetando la soberanía de la República Dominicana y la fuerza ejecutoria e irrevocable de la sentencia del TC. Si en algo pueden ayudar la ONU y la Unión Europea en el proceso de regularización para los cientos de miles de haitianos ilegales que residen en nuestro país es acompañar el proceso para que Haití pueda documentar a sus ciudadanos residentes en nuestro territorio de forma ilegal.

El proceso de regularización de los inmigrantes haitianos ilegales pasa necesariamente, como paso previo, a que el Estado haitiano a través de sus Consulados cumpla con su deber ineludible de expedirles sus actas de nacimiento, con nombres y apellidos reales y con la determinación clara de quiénes son sus padres. No se le puede jamás pedir al Estado Dominicano en ese proceso de regularización, que dé documentos con nombres inventados y falsos. La autoridad nacional que se involucre en eso, sin una documentación previa de identidad del Estado haitiano, estaría cometiendo graves crímenes de falsedad en escritura pública y falsificación de identidades.

La Unión Europea, la ONU y la OEA pueden ayudar mucho al Estado fallido vecino en el proceso de la identidad civil de sus ciudadanos. Eso debemos exigirlo los dominicanos. A eso se debieran de dedicar los traidores del patio y sus Ong’s para ayudar a esos pobres seres humanos a tener una identidad real y que le permita una vida digna. Sólo hay que ver la página web de Participación Ciudadana para darse cuenta el río de dinero que dos o tres manejan anualmente, proveniente de Estados Unidos y Europa, con el objetivo de estar socavando como “caballo de troya” la nacionalidad dominicana. Dedicar ese dinero a la documentación real de esos ciudadanos haitianos y olvidarse de la falsificación de la nacionalidad dominicana, sería lo correcto para los que se han dedicado a traicionar a su propio país, si es verdad que le interesa el drama humano del inmigrante haitiano ilegal.

La campaña contra el Tribunal Constitucional y contra la República se ha derrumbado. Hay que ver dónde van a meter ahora las caras los traidores del patio. ¡Viva República Dominicana! ¡Vivan Juan Pablo Duarte y los Héroes Trinitarios!

Vinicio A. Castillo Semán, Puntos de vista, 11 Noviembre 2013, Listin Diario

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