5 Videos sobre la aplicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional y varios casos particulares

Postura del Gobierno Dominicano

Minou llama a pensar qué pasará con los dominicanos inmigrantes en otros países

Apoyan TC no reconozca nacionalidad dominicana a hijos ilegales

A doña Minga le quieren "borrar" sus 49 años de ciudadanía dominicana

EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, JCE niega ciudadania a haitianos nacidos en R.D

Se desploma la campaña contra el TC

República Dominicana ha vivido los últimos 45 días uno de los debates públicos más trascendentales de su vida republicana, a raíz de la Sentencia No.168-13 del Tribunal Constitucional, que fijó nociones y conceptos cruciales acerca de la nacionalidad dominicana.

Tan pronto se dio a conocer el fallo inapelable del Tribunal Constitucional, éste fue víctima de la más agresiva campaña de descrédito que se haya hecho jamás en esta tierra contra un órgano del Estado Dominicano, al grado de irrespetar y cuestionar su propia autoridad institucional, convirtiendo la disensión de opiniones (legítima en una sociedad democrática) en una subversión abierta de irrespeto y desafío contra el órgano instituido por la Constitución para tener la última palabra en materia constitucional.

Los insultos a Milton Ray Guevara y a los Jueces del Constitucional y los calificativos de “racista”, “trujillista”, “xenófobo”, “nazi”, “genocidio civil”, surgieron con gran violencia verbal de quienes hoy, asustados, piden moderar el lenguaje, cuando el pueblo llano, reunido en multitud en el Altar de la Patria el pasado lunes, les voceaba “traidores”, evocando a Juan Pablo Duarte en su célebre frase de que “Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y nobles dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones”.

La campaña nacional e internacional que se montó contra la República y el TC descansaba en dos ejes fundamentales: El primero, que más de 640 mil personas serían afectadas directamente como hijos de padres y madres de haitianos ilegales nacidos en nuestro territorio, a los cuales supuestamente se les había otorgado ya la nacionalidad dominicana. Y el segundo, que la decisión del Tribunal Constitucional sería echada hacia atrás por las presiones de Estados Unidos, Europa y los organismos internacionales, por ser supuestamente violatoria de los derechos humanos, cercenando así de forma brutal la soberanía y la institucionalidad de República Dominicana encarnada en el Tribunal Constitucional.

El pasado jueves, los dos pilares sobre los que descansaba la campaña diabólica de descrédito contra nuestro país y el Tribunal Constitucional se derrumbaron estrepitosamente cuando: 1) La Junta Central Electoral dio a conocer el informe acerca del impacto de la sentencia sobre los hijos de padre y madre extranjeros ilegales en nuestro territorio que han sido declarados en el Registro Civil desde el año de 1929.

Apenas 24,392 de ciudadanos declarados por sus padres extranjeros ilegales en el país son los afectados directamente por la decisión del Tribunal Constitucional, que ordena la regularización de su estatus migratorio de éstos, sin descartar darle la nacionalidad dominicana a través del proceso de naturalización a los que prueben tener arraigo y tiempo necesario en la República Dominicana y hayan hecho su vida en nuestro territorio.

2) Las declaraciones de los representantes de la ONU y de Unión Europea, reconociendo la validez y el carácter irrevocable de la decisión del Tribunal Constitucional y que éste no puede ser mediatizado ni desconocido por ningún organismo internacional, hace rodar por el suelo la tesis traidora y antinacional que ansiaban los grupejos del patio y el gobierno haitiano, en el sentido de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la desacreditada OEA, podía anular la sentencia del Tribunal Constitucional.

Entendemos muy oportunas y saludables las declaraciones de los funcionarios de la ONU y de la Unión Europea respetando la soberanía de la República Dominicana y la fuerza ejecutoria e irrevocable de la sentencia del TC. Si en algo pueden ayudar la ONU y la Unión Europea en el proceso de regularización para los cientos de miles de haitianos ilegales que residen en nuestro país es acompañar el proceso para que Haití pueda documentar a sus ciudadanos residentes en nuestro territorio de forma ilegal.

El proceso de regularización de los inmigrantes haitianos ilegales pasa necesariamente, como paso previo, a que el Estado haitiano a través de sus Consulados cumpla con su deber ineludible de expedirles sus actas de nacimiento, con nombres y apellidos reales y con la determinación clara de quiénes son sus padres. No se le puede jamás pedir al Estado Dominicano en ese proceso de regularización, que dé documentos con nombres inventados y falsos. La autoridad nacional que se involucre en eso, sin una documentación previa de identidad del Estado haitiano, estaría cometiendo graves crímenes de falsedad en escritura pública y falsificación de identidades.

La Unión Europea, la ONU y la OEA pueden ayudar mucho al Estado fallido vecino en el proceso de la identidad civil de sus ciudadanos. Eso debemos exigirlo los dominicanos. A eso se debieran de dedicar los traidores del patio y sus Ong’s para ayudar a esos pobres seres humanos a tener una identidad real y que le permita una vida digna. Sólo hay que ver la página web de Participación Ciudadana para darse cuenta el río de dinero que dos o tres manejan anualmente, proveniente de Estados Unidos y Europa, con el objetivo de estar socavando como “caballo de troya” la nacionalidad dominicana. Dedicar ese dinero a la documentación real de esos ciudadanos haitianos y olvidarse de la falsificación de la nacionalidad dominicana, sería lo correcto para los que se han dedicado a traicionar a su propio país, si es verdad que le interesa el drama humano del inmigrante haitiano ilegal.

La campaña contra el Tribunal Constitucional y contra la República se ha derrumbado. Hay que ver dónde van a meter ahora las caras los traidores del patio. ¡Viva República Dominicana! ¡Vivan Juan Pablo Duarte y los Héroes Trinitarios!

Vinicio A. Castillo Semán, Puntos de vista, 11 Noviembre 2013, Listin Diario

La JCE deja mal parado al Tribunal Constitucional

Si en ocho días se podía determinar la cantidad de extranjeros en el registro civil dominicano, no se explica por qué la Junta Central Electoral (JCE) dejó que pasaran años de especulaciones al respecto, pudiendo haber evitado o reducido el escándalo generado por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

El descubrimiento de que sólo hay 36 mil personas de origen haitiano en el registro civil, y apenas 13 mil 672 irregularmente inscritos, también destroza dos décadas de alarmas que llegaron a estimar hasta en 700 mil los cedulados y habilitados para votar, lo que incentivó el ultranacionalismo y antihaitianismo.

Impresionante velocidad. En su quinta decisión, la sentencia 168-13 del TC otorgó un plazo de un año y prorrogable a dos, para que la JCE realizara “una auditoría minuciosa de los libros registros de nacimiento” del 21 de junio de 1929 a la fecha “para identificar e integrar en una lista a todos los extranjeros inscritos. Luego de consignar en una segunda lista los inscritos sin haber llenado los requisitos constitucionales, para finalmente transferirlos a nuevos libros y que se regularicen como extranjeros.

Luego el Consejo Nacional de Migración dio otro plazo, esta vez de 30 días, para que la JCE evaluara “el impacto de la sentencia”. Pero no contaron con la astucia y la velocidad de las tropas de Roberto Rosario, las que en 8 días de intensa labor revisaron 55 mil 542 de los 56 mil 564 libros de registros de nacimiento de todo el país. Quedó apenas el 2 por ciento que por su nivel de deterioro, o porque desaparecieron, no han podido ser inventariados.

Esa labor la realizaron 250 técnicos a razón de 30 libros por día cada uno en jornadas de 8 horas, según el informe emitido el jueves, el cual no precisa el promedio de folios o actas por libro. Cuando se contrató la tecnología para digitar todo el registro, se dijo que una quinta parte de los libros estaban desaparecidos o dañados, y que hasta 1970 los libros contenían entre 400 y 500 folios, y desde entonces entre 100 y 200.

Si sólo verificaron los correspondientes a las personas vivas, y se olvidaron de los nacidos desde 1929 que han muerto, según el censo del 2010, serían 9 millones 445 mil 285, que divididos entre los 55 mil 542 libros de registros inventariados, da un promedio de 170 por libro. Multiplicados por 30, quiere decir que cada técnico revisó, “minuciosamente” como le ordenaron, 5 mil 100 actas por día, 637 por hora y 10.6 por minuto. Una verdadera proeza si las actas son manuscritas, y hay que verificar el declarante, si era nacional o extranjero y consignar con qué documento hizo la declaración.

Sólo 36 mil haitianos. De acuerdo al inventario de la JCE, en el registro nacional entre 1929 y 2013 sólo hay 53 mil 847 extranjeros, de los cuales apenas 36 mil 326 son de origen haitiano, el 67 por ciento. Los restantes 17 mil 521 son de otras 116 nacionalidades, 2,508 norteamericanos, 2,002 espanoles y 1,311 ingleses, que serían los cocolos.

Como 22 mil 689, el 63 por ciento de los de origen haitiano, fueron declarados con cédulas de por lo menos uno de los padres, viene a resultar que los candidatos a ser desnacionalizados serían los 13 mil 672 restantes, cifra muy inferior a todos los estimados que se habían hecho. Se queda por debajo hasta de los 19 mil 15 de origen haitiano que arrojó el inventario que realizó la dirección de oficialías de la propia JCE bajo la coordinación de su entonces titular José Angel Aquino, presentado al pleno en febrero pasado, la que totalizaba 22 mil 678 extranjeros. Pero esta evaluación sólo abarcaba hasta 1982.

Hasta la sentencia del TC, los afectados por el genocidio civil iniciado por la JCE en el 2007 eran estimados en miles o cuando mucho decenas de miles. Pero ese tribunal fundado en los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes realizada durante el 2012 por la Oficina Nacional de Estadísticas, con auspicios de las Naciones Unidas y la Unión Europea, los elevó a más de 668 mil, al sumar sin mayor ponderación los inmigrantes haitianos, estimados en 458 mil 233 a los descendientes de haitianos nacidos en el país que fueron estimados en 209 mil 912.

En su párrafo 1.1.3, refiriéndose a la recurrente en amparo Juliana Deguis, el TC sostuvo que ella es sólo una de ese total “por lo que el problema que ahora nos ocupa no sólo le atañe a ella, sino también a otra cantidad de inmigrantes y sus descendientes los cuales constituyen el 6.87 por ciento de la población que habita el territorio nacional”. Según el inventario de la JCE presentado el jueves todos los de origen extranjeros en el registro civil sólo alcanzan al 0.57 por ciento de la población, los de origen haitiano al 0.38 por ciento y de estos los inscritos irregularmente son el 0.14 por ciento de la población nacional.

13 mil es genocidio civil. La cifra de 13 mil 672 posibles afectados por la sentencia del TC reduce la magnitud del escándalo, pero sigue constituyendo un genocidio civil al despojársele de la nacionalidad que se les había otorgado. La condena del 2005 al Estado dominicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue por haberse negado a inscribir como ciudadanas a sólo dos descendientes de haitianos. Y 48 afectados por la decisión de la JCE han buscado amparo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha celebrado al menos dos audiencias en relación a estos, la última el 12 de mayo pasado.

Obviando las interrogantes que deja la velocidad con que la JCE ha hecho el “inventario minucioso” que le encomendó el TC, y su posible subestimación buscando contener el escándalo internacional, si se acepta que los afectados son sólo 13 mil y pico, es menos comprensible que se hayan agotado años persiguiendo a estos, en vez de haber concentrado la atención en reducir y regular los 458 mil inmigrantes que estimó la encuesta de la ONE.

Visto en otra perspectiva, al ser mucho menos de lo que se creía la proporción de la población afectada por la sentencia del TC, eso debería facilitar la solución humanitaria” que planteó el presidente Danilo Medina, y que hasta ahora no ha concitado apoyo ni siquiera de los funcionarios de su gobierno y de los dirigentes de su partido que casi a unanimidad han adoptado el discurso ultranacionalista, con las excepciones de la diputada Minou Tavárez Mirabal y Rafael Camilo.

Que duerman tranquilos. Mientras tanto, como el inventario publicado por la JCE reduce a una proporción insignificante los nacionales de origen haitiano inscritos en el registro civil dominicano, deberían dormir tranquilos los que durante las últimas décadas entraron en pánico, pretendiendo que un día los vecinos determinarían los presidentes dominicanos.

Para las elecciones de 1994 y 1996 se hizo campaña política sobre los hasta 700 mil haitianos que supuestamente estaban dotados de cédulas y en el padrón electoral. Aunque esa grosera manipulación se redujo tras la muerte en 1998 del doctor José Francisco Pena Gómez, de ascendencia haitiana, ha sido pretexto para que muchos apoyen el despojo de la nacionalidad a los descendientes de haitianos que ya habían sido inscritos y que ahora resulta que son apenas el 0.38 por ciento de la población nacional.

Al deshacerse el mito del peligro haitiano con la nacionalidad, tal vez las autoridades y una opinión pública poco analítica de las reales dimensiones de la inmigración haitiana, puedan concentrarse en limitar y regular el tráfico humano por la frontera, incentivado por quienes hacen fortuna con el desorden y la inmigración masiva que desvalora el masiva que desvalora el trabajo.

Por JUAN BOLIVAR DÍAZ, El tema de hoy. Domingo, noviembre 10, 2013, Periodico Hoy 

juanbolivardiaz[@]gmail.com 

El TC burló un antes y un después

Ya en la entrega pasada esbozamos algunos aspectos de lo que hemos llamado un antes, aludiendo al ordenamiento constitucional que desde 1908 y 1929 hasta 1966 otorgó la nacionalidad dominicana a los nacidos en el país de padres extranjeros y, por otra parte, designando como un después a las normas que a partir de 2004 con la Ley de Migración y la Constitución de 2010 han dado pie al Tribunal Constitucional para emitir su execrable sentencia.

Dediquemos, pues, este espacio al análisis de un enunciado de la Constitución de 2010, contrastándolo con el ya mencionado “ripio” del numeral 10 del Artículo 36 de la Ley de Migración.

A fin de llevar a cabo este propósito veamos primero los términos del numeral 3 del Artículo 18 de la Constitución vigente: “Se considera persona en tránsito toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas” ¿A qué “leyes” se refiere la Constitución? Aunque lo dice en plural es indudable que alude a la Ley de Migración, pues es la única que trata el tema del tránsito. ¿Y qué dice esa ley? El numeral que viene a ser tildado como “ripio” en el párrafo anterior de este escrito, expresa: “Los No Residentes son considerados personas en tránsito para los fines de la aplicación del Artículo 11 de la Constitución de la República”. Pero resulta que el Artículo 11 de la Constitución vigente está exclusivamente dedicado a los “Tratados Fronterizos”. Es decir, su redacción no tiene nada que ver con el tránsito, con la nacionalidad y, por ende, con la Constitución vigente.

El artículo que en la Constitución de 2010 está dedicado a la nacionalidad es el 18. ¿Y entonces, cómo puede la Constitución de 2010 apoyarse en las disposiciones de una ley que se refiere al Artículo 11 de una Constitución que como la de 1966 fue derogada? Con su sentencia el Tribunal Constitucional, buen discípulo, ha hecho lo mismo: manipular la pasada Constitución de 1966 para decapitar, retroactivamente, derechos adquiridos. ¿Fue acaso en ese obsoleto numeral 10 del Artículo 36 de la Ley de Migración que esa corte basó su definición del tránsito? Enfrentados no pocos dominicanos en una lamentable polémica por culpa de esa malhada sentencia, vale la pena reflexionar en torno a lo siguiente: los hijos de extranjeros que se encuentran dentro de lo previsto en las Constituciones que antecedieron a la de 2010 suman, al decir de las estadísticas, unos 200.000 ¿Cuántos de ellos posee un acta de nacimiento insospechable o pueden presentar pruebas indiscutibles de haber sido procreados en el ámbito de esos textos constitucionales? ¿Acaso 75.000, 50.000, menos que esos? ¿Se puede entonces pensar que esas personas por haber tenido padres extranjeros, haitianos sobre todo, constituyen un elemento de peligrosidad para la soberanía, la nación, la identidad dominicanas? ¿Cuál es el daño que en 100 años de inmigrantes haitianos han ocasionado sus hijos nacidos en este país? Ni los dominicanos ni los haitianos debemos desempolvar rencillas y hasta odios históricos y trocarlos en rencores inextinguibles. Esa actitud desvirtúa la capacidad del ser humano para la generosidad y amor al prójimo.

La sentencia del Tribunal Constitucional se inscribe en la secuela de esos rencores, herencia bastarda, que puede arrastrar a dos naciones en un turbión de incomprensiones y venganzas irracionales.

Ahora bien, no es cierto que los Estados de Derecho no tengan posibilidades de enmendar desaciertos. Hemos escuchado algunas opiniones que afirman que las conclusiones de esa sentencia establecen una jurisprudencia definitiva e inamovible. De ninguna manera, la jurisprudencia es una pluralidad de decisiones coincidentes, una específica sentencia no puede ser un dogma inquisitorial aplicable erga omnes, mucho menos cuando su valoración jurídica está en entredicho.

Para comprender la fragilidad de esa sentencia bastaría con citar determinados preceptos constitucionales que pueden argumentarse contra ella. Dice el Artículo 6 de la Constitución que “Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, reglamento o acto contrario a esta Constitución”. Y en el Artículo 110 se consagra lo siguiente: “La ley sólo dispone para el porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable, al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”. Y para más invalidar la ya famosa sentencia existe este otro mandato del Artículo 74 de la Constitución: “Los Tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.

Por otra parte, en su Artículo 2, la Constitución proclama: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes” ¿Acaso no son los diputados y senadores los representantes de esa soberanía? Siendo así, sólo queda dejarse orientar por la Constitución en lo que corresponde a las atribuciones que le reconoce al Congreso Nacional en la letra g del Artículo 93: “Establecer las normas relativas a la migración y el régimen de extranjería”.

Hugo Tolentino Dipp, Puntos de vista 10 Noviembre 2013, Listin Diario

La sentencia del TC y la patria de Duarte

Todo el que se atrevió a decir en territorio dominicano que todos somos Haití, se equivocó antes de haber cometido el error de pensarlo.

La patria de Duarte, Sánchez y Mella que tantas lágrimas, sudor y sangre a costado, no va a dejar de ser de los dominicanos que tanto la amamos y defendemos. En la vida todo es cuestión de conveniencia más que de sentimentalismos. Cada frontera de un país se maneja acorde a sus leyes, y se debe a la voluntad de su pueblo.

Todos como seres humanos podemos cometer errores, lo que es y seguirá siendo inaceptable, es ser mal agradecido, sinónimo de tener un mal corazón.

Dar la razón o complacer, nunca cambiara los corazones viciados. Es como aquel que solamente se sirve de un plato a manos llenas, y se olvida de quien le dio de comer. Todo el que aspira a que los demás sean fi lántropos y humanitarios, debe comenzar por su casa.

Todo el que quiere y presiona para que los demás se vuelvan héroes por resolver problemas que no le son propios, debe procurar comenzar por resolver los suyos. Tiramos piedras en la casa del vecino, siendo nuestro techo de cristal.

Cuando se trata de sentencias que tiene que ver con la tierra, no hay nada más territorial que un ciudadano que ama el suelo que lo vio nacer.

Se defiende a capa y espada todo aquello que con lo poco pretenda atentar con la soberanía del país. Siempre será bien visto dar un trato amable, ayudar en lo que esté al alcance, pero ser dominicano no es cuestión de piel, de idiomas, de religión, es aquel que lleva esta tierra en el corazón, y que su perfil cumple con nuestras leyes y la Constitución.

Pienso y luego escribo: La sentencia del TC 168-13 que dictaminó que no son dominicanos los hijos de extranjeros ilegales nacidos en la República Dominicana, es una de las más acertadas y trascendentales, la misma que en un momento histórico como este hubiese pensado Duarte.

Iranna Flaviá Luciano, Puntos de vista 10 Noviembre 2013, Listin Diario 

Evento Análisis de la Sentencia No.168-13 del Tribunal Constitucional

Video 1: Presidente JCE Roberto Rosario diserta sobre Sentencia TC/0168/13. Video 2: Una reflexión sobre la sentencia del Tribunal Constitucional